El enemigo interno: El sabotaje de la izquierda socialdemócrata contra el movimiento revolucionario

Si revisamos la bibliografía que aborda la historia del movimiento armado socialista en México, encontraremos un consenso generalizado respecto a los detonantes que originaron este proceso de lucha social: el autoritarismo del Estado mexicano, el terrorismo de Estado y las condiciones de pobreza y marginación en las zonas rurales del país.

Sin duda, estos fueron elementos claves que determinaron el inicio de los movimientos armados a mediados de los 60’s. Sin embargo, otro elemento que muchas veces es pasado por alto radica en la crisis de representatividad dentro del seno de la oposición política en México. El Partido Comunista Mexicano y el Partido Popular Socialista habían renunciado completamente a organizar un movimiento revolucionario y se habían estancado en una línea estratégica orientada exclusivamente a la creación de sindicatos independientes y a la búsqueda de puestos legislativos y otros cargos de elección. Esto desencadenaría una total desatención a las demandas impulsadas por las bases sociales que estos partidos tenían principalmente en los medios rurales y universitarios.

La década de los 60’s representa, en todos los campos, una época de transformaciones radicales. Surgirían nuevas tendencias literarias, musicales y culturales; habría también cuestionamientos e impugnaciones a la moral tradicional, a la religión y a la sexualidad; Y por supuesto, la juventud se convertiría en el actor más crítico y combativo contra el orden político, económico y social. En este contexto, la revolución cubana irrumpiría en escena y se convertiría en el hecho coyuntural que marcaría un antes y un después en la lucha revolucionaria de América Latina.

Para las nuevas generaciones, la palabra revolución dejaría de ser una palabra hueca mencionada demagógicamente en los pesados y aburridos discursos oficialistas y se convertiría en un hecho real, en un objetivo a alcanzar para poder transformar radicalmente la realidad. En cambio, para las viejas generaciones, la revolución cubana sería una aventura realizada por blanquistas pequeñoburgueses.

La posibilidad de hacer realidad en México lo que había ocurrido en Cuba comenzaría a rondar en las mentes de los jóvenes militantes. El contexto mexicano se encontraba más que listo: existía un partido oficial que mantenía un control hegemónico sobre el campo de acción política, el cual ejercía una violencia descomunal en contra de toda expresión de inconformidad y que mantenía cerradas las vías institucionales para la resolución de conflictos; aunado a ello una creciente situación de pobreza y vulnerabilidad dentro de las clases trabajadoras del campo y la ciudad.

En dicha situación, aquellos jóvenes que a inicios de los 60’s se habían afiliado de manera masiva a los partidos de oposición, comenzarían a exigir una postura más combativa y una estrategia orientada a construir un proceso revolucionario. Sin embargo, el interés por parte de las cúpulas dirigentes del PCM y el PPS por hacerse de un espacio dentro de las cámaras parlamentarias del país entraba en contradicción con las aspiraciones revolucionarias de sus bases. Esto provocaría una fractura al interior de estas organizaciones, cuyos integrantes comenzarían a organizarse de manera propia para construir grupos político-militares en los medios rurales y urbanos.

Ante dicho fenómeno, los partidos de oposición asumirían una posición reaccionaria contra el movimiento revolucionario, cerrando filas con el Estado mexicano apoyando la criminalización contra los grupos armados, entregando información a las fuerzas de seguridad sobre la identidad de aquellos miembros que habían pasado a la clandestinidad y utilizando a sus intelectuales para crear un imaginario donde las organizaciones guerrilleras eran representadas como bandas criminales e irracionales.

La primera guerrilla socialista mexicana sería el Grupo Popular Guerrillero, encabezada por el profesor rural Arturo Gámiz. Los miembros del GPG provendrían en su mayoría de las filas de la Unión General de Obreros y Campesinos de México y la Juventud Popular Socialista, organizaciones pertenecientes al PPS. En el estado de Chihuahua existía desde el año de 1959, un movimiento agrarista que enfrentaba a los campesinos sin tierra contra los caciques y compañías norteamericanas. En el clímax de dicho movimiento, la UGOCM y las JPS verían incrementados sus números en gran parte gracias al hecho de que era la única organización de izquierda presente en la entidad, lo cual la convertía en el único escenario al cual los jóvenes marxistas se acercarían para realizar labores de militancia.

Pese a que el trabajo de Arturo Gámiz, Salomón Gaytán y el Dr. Pablo Gómez había logrado organizar a grandes contingentes de campesinos, la Dirección Nacional del PPS, presidida por Vicente Lombardo Toledano, no apoyaría las demandas de los campesinos chihuahuenses, pues de hacerlo, la alianza que el PPS tenía con el PRI correría el riesgo de desaparecer junto con la posibilidad de acceder a los puestos legislativos. Esto dejaría al grupo de Chihuahua a su suerte y prácticamente trabajando de manera autónoma.

Posteriormente, al consolidarse el grupo armado, Arturo Gámiz y Pablo Gómez tratarían de obtener apoyo por parte del PPS para financiar a la organización y obtener los primeros recursos. La respuesta de Lombardo Toledano sería un rotundo no. Sin embargo, gente allegada al PPS, y algunos incluso señalan al propio Lombardo Toledano, pondrían en contacto al grupo de Gámiz con un ex capitán del ejército mexicano llamado Lorenzo Cárdenas Barajas, quien, supuestamente, habría entrenado a Fidel Castro y a Ernesto Che Guevara durante su estancia en México.

Muy tarde se descubriría que Cárdenas Barajas era un agente del Estado cuya labor consistía en detectar a los grupos armados, infiltrarlos, darles un entrenamiento pésimo y posteriormente, entregar la información a las fuerzas de seguridad. Gracias a ello, el ejército mexicano estaría al tanto del plan para tomar por asalto el Cuartel Madera el día 23 de septiembre de 1965 y ordenaría duplicar el número de elementos militares en dicho lugar para resistir el ataque y acabar con el grupo.

En su momento, Arturo Gámiz realizaría dentro de las Resoluciones del Segundo Encuentro de la Sierra Heraclio Bernal, una fuerte crítica a la praxis de los principales partidos de oposición:

“El PCM tiene muy poca influencia entre la clase obrera igual el PPS, el proletariado está a merced de sus enemigos, está sumamente contagiado de la ideología burguesa, y sus capacidades revolucionarias y sus habilidades se van perdiendo a consecuencia de la prolongada calma en que han vivido”

"El PCM y el PPS, o al menos sus direcciones, coinciden en una serie de puntos fundamentales: Han renunciado a la revolución. Precisan atención exclusivamente a las formas convencionales y se olvidan de las formas revolucionarias principales. Aceptan sólo lo legal y lo pacifico de la doctrina del proletariado. No se atreven a hacer más de lo que está en las listas de lo permitido, lo autorizado y lo registrado por la Secretaría de Gobernación. Están enamorados de la paz burguesa, se han aclimatado y naturalizado a ella, se sienten inútiles fuera de ese ambiente de politiquería y temen una situación revolucionaria como el pez teme que se le acabe el agua” (Gámiz, A, 2018)

La crítica a la inacción de los partidos de oposición se incrementaría posterior a la represión contra el movimiento estudiantil de 1968. Tan solo dentro del PCM en el año de 1967, este registraría dentro de sus filas el ingreso de entre cinco y seis mil jóvenes provenientes de toda la república. Un año después, cientos de militantes desertarían al considerar que el partido no tomó acciones contundentes para condenar la masacre de Tlatelolco.

El 68 fue importante en lo particular para los militantes de las organizaciones juveniles del PCM: La Juventud Comunista de México y la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, pues jóvenes pertenecientes a sus filas no solo participarían activamente dentro de las movilizaciones, sino que también sus militantes llegarían a pertenecer a la dirigencia organizada en el Consejo Nacional de Huelga. Los militantes del PCM sufrirían encarcelamientos ilegales y torturas después del allanamiento que la Dirección Federal de Seguridad realizaría durante el inicio del movimiento contra las oficinas del órgano de prensa del partido, La voz de México, y muchos otros morirían acribillados por las balas del ejército aquella tarde del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas.

Ante tales agravios, la única respuesta que la dirigencia del PCM ofreció a sus militantes para condenar la masacre y todas las acciones represivas del Estado fue el llamado a realizar una campaña de boicot contra las elecciones presidenciales de 1970. Evidentemente, dicha campaña fue un fracaso.

En el año de 1970, los debates dentro de la Juventud Comunista de México en torno a la estrategia a seguir se vuelven más acalorados. Al frente de la corriente que explícitamente proponía el abandono de la lucha legal para la creación y consolidación de un movimiento de masas apoyado por una estructura militar se encontraría un joven economista llamado Raúl Ramos Zavala.

A similitud de la crítica de Gámiz al PPS, la crítica de Ramos Zavala hacia el PCM va orientada a la incapacidad del partido por dirigir y representar a las clases populares que dice defender. De acuerdo a su análisis, el partido había caído en una dependencia ideológica desencadenada por la política de la conciliación interclasista promovida por el corporativismo del Estado mexicano, el cual, en aras de la pretendida “unidad nacional” cardenista, llevó a eliminar los elementos más revolucionarios de los programas políticos de los partidos de izquierda. Esto provocó que el partido sólo se enfocara a desarrollar sus acciones políticas por la vía de la reforma legal para lograr sus objetivos.

Ramos Zavala veía en la dependencia del partido hacia el oficialismo el principal detonador de la crisis de representatividad de los partidos de izquierda, pues esto les impedía canalizar correctamente las demandas que los movimientos populares tenían y, sobretodo, formular acciones acordes a los contextos específicos por los que el movimiento pasaba, principalmente al responder a los actos de agresión por parte del Estado.

La postura y crítica de Ramos Zavala y sus seguidores no son bien recibidas por la dirigencia del PCM. Se les acusa de radicales, ultraizquierdistas y de carecer de fundamento teórico. Las descalificaciones y la poca intención del partido por modificar su estrategia de acción política orillan a Ramos Zavala junto con un nutrido grupo de jóvenes de Nuevo León y Baja California a abandonar el PCM y comenzar a organizarse en un grupo clandestino que sería conocido como Los Procesos (el nombre surge precisamente del título de la Tesis de Ramos Zavala, El proceso revolucionario en México).

El primer año de gobierno de Luis Echeverría representaría uno de los episodios más lamentables y vergonzosos para la izquierda socialdemócrata en México. Bajo la promesa de una “apertura democrática”, el gobierno de Echeverría trataría inútilmente de deslindarse del autoritarismo del gobierno de Díaz Ordaz Comienza liberando a un grupo nutrido de presos políticos tanto del movimiento ferrocarrilero como del movimiento del 68, Echeverría se promueve como un estadista defensor de los intereses y las luchas del tercer mundo, acepta a refugiados brasileños y chilenos que huyen de las dictaduras militares y estrecha relaciones diplomáticas con Cuba.

Las acciones son interpretadas por la dirigencia de los partidos como la oportunidad de desarrollar su trabajo por la vía legal con total libertad. Sin embargo la apertura democrática se derrumba a los seis meses de iniciado el mandato de Echeverría con la masacre del Jueves de Corpus el 10 de junio de 1971, donde un grupo paramilitar conocido como Los Halcones ataca y asesina en las calles de la ciudad de México a estudiantes que se manifestaban en apoyo a sus compañeros de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes estaban en contra de la nueva ley orgánica de dicha universidad.

Al irrumpir la guerrilla urbana en el año de 1970, intelectuales y políticos, los cuales eran llamados despectivamente como aperturos, comenzarían a criminalizar las expresiones armadas, acusándolas de ser sabotajes que la ultraderecha, el Partido Acción Nacional, los grupos empresariales y la CIA estaban emprendiendo para desestabilizar esta nueva etapa antiimperialista de la revolución mexicana.

El secuestro político emprendido por organizaciones rurales y urbanas como la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, el Partido de los Pobres, el Frente Urbano Zapatista, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo y la Liga Comunista 23 de Septiembre sería interpretado por los partidos de oposición como actos de provocación imperialista realizado por jóvenes ultraizquierdistas y campesinos pequeñoburgueses.

Destacables serían los casos de Alejandro Gascón Mercado del PPS, quien afirmaría que los secuestros eran realizados por la CIA en colaboración con Los Halcones y el caso de Heberto Castillo, quien lloraría la muerte del empresario Eugenio Garza Sada a manos de lo que él consideraba, jóvenes excitados por la violencia.

Precisamente en ese artículo titulado Justicia para pobres y ricos publicado el 11 de octubre de 1973 en Excélsior, Heberto Castillo hace una singular declaración:

“El mensaje de la violencia contra lo demás, que no de solidaridad, abunda en los programas de TV y en las películas sin que intervengan para evitarlo las autoridades correspondientes. Hasta en los programas de caricaturas animadas, supuestamente para niños, se presentan actos de inaudita violencia asesina practicados por animalitos dibujados (…) Los héroes para los jóvenes y adultos son los agentes secretos o espicas con licencia para matar ¿Cuántos robos, seducciones, atracos y asesinatos se consuman en un día por la TV mexicana? Muchos muchísimos ¿Cómo extrañarse entonces que proliferen sujetos como los que ahora llaman la atención de México?” (Castillo, H 1976 p. 382-383)

Esta declaración de Heberto Castillo, reducía la violencia revolucionaria de los grupos armados a simples acciones irracionales hechas por sujetos estimulados psicológicamente por la violencia televisiva. Dicha declaración, junto con aquellas que culpaban a intereses ocultos y misteriosos de ser los auténticos responsables de las acciones armadas de la guerrilla, sentarían las bases para una infame declaración que Luis Echeverría emitiría durante su cuarto informe de gobierno:

“Es útil para todos, señoras y señores, que hagamos alguna reflexión derivada del análisis de la composición de estos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes que en México tienen considerables semejanzas con grupos que en estos días, en que estos actos están de moda en casi todo el mundo, actúan de modo parecido.

Surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de coordinación entre padres y maestros, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje; adolescentes con un mayor grado de inadaptación en la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina; víctimas de la violencia; que ven muchos programas de televisión; víctimas también de la página roja de los diarios que hacen amarillismo a través de la página roja; de algunas revistas especializadas que hacen la apología y exaltan el crimen.

Son estos grupos, fácilmente manipulables por ocultos intereses políticos nacionales o extranjeros, que hallan en ellos instrumentos irresponsables para estas acciones de provocación en contra de nuestras instituciones.” (Echeverría, L, 1974)

Estas declaraciones justificarían las acciones de terrorismo de estado bajo la excusa del combate a individuos perversos y degenerados que atentaban contra la estabilidad nacional.

En 1976, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, les permitiría a los partidos de izquierda tener la posibilidad de contar con un registro oficial, lo cual, en la teoría, enriquecería la vida democrática del país y pondría a disposición del ciudadano una amplia gama de posibilidades para elegir que actor político los representaba apropiadamente.

Sin embargo, la LOPPE vendría con un considerable número de condiciones que los partidos de oposición debían acatar para poder participar dentro del campo político. La más importante era el respeto incondicional a las instituciones, así como dejar explícito en su programa de principios el rechazo a la violencia y el respeto al modelo económico y político.

Debido a esto, políticos e intelectuales de oposición se enfilan en una campaña condenatoria y criminalizadora de los movimientos armados, delimitando a la "izquierda buena" representada por el PCM, PPS, PSUM, PMT y PRT, y la "izquierda mala" representada por los grupos guerrilleros.

De acuerdo con esta visión, la "Izquierda mala" estaba compuesta por jóvenes que tenían motivaciones legítimas para tomar las armas, pero que eran fanáticos, irracionales o tontos, y que debido a eso, optaron por la lucha armada en lugar de la lucha electoral.

Ejemplo de este discurso lo daría el caricaturista Rius, quien en la edición del 21 de octubre de 1976 de su revista Los Supermachos dedicada a la LC23S, menciona que la lucha armada solo es realizada por gente cobarde y con limitadas capacidades intelectuales. Irónico, viniendo de un caricaturista que realizaría libros alabando a la revolución cubana y los movimientos armados en El Salvador y Nicaragua.

Además de ser parte del aparato legitimador de la violencia de Estado contra los grupos armados, los partidos también cometerían actos oportunistas contra estas organizaciones y los familiares de los desaparecidos. Ejemplo de ello sería el atraco de 12 millones de pesos que el PCM haría al PDLP. En el año de 1974, cuando el Partido de los Pobres secuestra al senador priista Rubén Figueroa, el PCM se ofrece como intermediario en las negociaciones entre la familia del secuestrado y el PDLP designando al sacerdote veracruzano Carlos Bonilla Machorro y al militante del PCM, Arturo Martínez Nateras como intermediarios.

El PDLP exigía como rescate la cantidad de 50 millones de pesos, cifra que sería pagada en dos tandas, una entregada previamente por el sacerdote Bonilla Machorro y la otra seria depositada al sacerdote Sergio Méndez Arceo al momento de la liberación de Figueroa. El dinero que debía a ser entregado por Bonilla Machorro y Martínez Nateras fue entregado incompleto al PDLP y unos días después el ejército mexicano rescataría al senador. Posteriormente, se supo que 12 millones de pesos fueron a parar a las arcas del PCM.

Años después, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, Partido de los Pobres (PROCUP – PDLP) tomaría represalias contra ex miembros del PCM por este acto. En el año de 1985 el PROCUP – PDLP secuestra a Arnoldo Martínez Verdugo, ultimo secretario general del PCM, legislador por ese partido y ex candidato a la presidencia de la república por el Partido Socialista Unificado de México y a Félix Bautista, militante también del PCM en aquella época, exigiendo como rescate la devolución de los 12 millones de pesos robados por Nateras y Bonilla. El dinero es devuelto parcialmente, ya que una parte de él había sido utilizado por el PCM para construir sus oficinas centrales donde actualmente reside el Partido de la Revolución Democrática.

Otro episodio de oportunismo tendría lugar durante el surgimiento de la lucha de las madres de los desaparecidos políticos. Tratando de sacar provecho político, el PCM, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Partido Socialista de los Trabajadores se acercan al grupo de madres organizadas en el Comité Nacional pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, encabezado por Rosario Ibarra de Piedra y les ofrecen su ayuda para exigir al gobierno de López Portillo la presentación con vida de los desaparecidos.

El 28 de agosto de 1978 las madres del Comité comienzan una huelga de hambre en el atrio de la catedral metropolitana de la Ciudad de México. La acción se realiza en el preámbulo del primer informe de gobierno de López Portillo, lo cual es interpretado como una acción temeraria y desafiante por el Estado, quienes emprenden una campaña de acoso e intimidación contra las madres. Los partidos, al ver que esta acción podía poner en peligro la inminente promulgación de la reforma, decidieron apartarse, dejando que sus militantes solo se solidarizaran con las madres de los desaparecidos a título personal.

Arturo Martínez Nateras trata de disuadir a las madres de la acción, mencionando que la huelga podría ser interpretada como un acto de provocación y podría obstaculizar a la amnistía y a la reforma electoral. Martínez Nateras se limita a publicar un comunicado en el diario El Universal solidarizándose con las madres, pero las dejaría abandonadas durante la huelga con el objetivo de que el PCM no se viera involucrado en la acción y pudiera obtener su registro oficial.

Ya en la década de los 90’s, debemos recordar cómo el Partido de la Revolución Democrática trataría de sacar provecho de la popularidad creciente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y cómo Cuauhtémoc Cárdenas junto con Andrés Manuel López Obrador viajarían a Chiapas para convencer al EZLN de sumarse a su movimiento y transformar al país por la vía electoral. La dirigencia Zapatista denunciaría en su momento las pretensiones oportunistas del PRD, lo cual desencadenaría un conflicto que continua hasta nuestros días con los debates y declaraciones entre el EZLN y AMLO, cuyas bases sociales han difundido una serie de calumnias que acusan al EZLN de ser una invención del gobierno Salinista para dividir a la “auténtica izquierda”.

Conclusiones:

La historia de los desencuentros y debates entre la izquierda socialdemócrata y el movimiento armado es larga y espinosa. Sin embargo, es un reflejo de como los grandes partidos de izquierda han sido, junto con el Estado, los principales responsables del sabotaje a los procesos revolucionarios en México. El vanguardismo y el oportunismo dejarían en el abandono a grandes sectores de las clases trabajadoras, los cuales necesitaban de un aparato político que representara sus intereses específicos. No obstante, al surgir el movimiento armado, estos partidos operarían desde sus modestas posiciones de poder para sabotear los proceso revolucionarios, generando discursos que incitaban a la población mexicana a rechazar a tales grupos bajo el argumento de ser bandas criminales.

Preservar esta memoria es sumamente importante, pues aprendiendo del pasado podemos evitar errores en el futuro, siempre recordando que la lucha contra el oportunismo es una condición indispensable para el fortalecimiento del proceso revolucionario.

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